14 de mayo de 2013

Dilemas políticos de la paz en Colombia

El debate del Externado expone un escenario complejo en las negociaciones. Porque si éste traduce sus dilemas políticos, los mismos demuestran que Colombia se mueve hacia una peligrosa polarización. La convocatoria del Externado al debate sobre Los Dilemas Jurídicos de la Paz, ofreció esta semana un espectáculo singular de confrontación de argumentos, tendencias e ideologías sobre las negociaciones en La Habana

El debate del Externado expone un escenario complejo en las negociaciones. Porque si éste traduce sus dilemas políticos, los mismos demuestran que Colombia se mueve hacia una peligrosa polarización.

La convocatoria del Externado al debate sobre Los Dilemas Jurídicos de la Paz, ofreció esta semana un espectáculo singular de confrontación de argumentos, tendencias e ideologías sobre las negociaciones en La Habana. Pero aunque estuvieron presentes Roy Barreras como presidente del Senado y el juez Baltazar Garzón en su condición de asesor del Fiscal, Navarro Wolff, excombatiente del M19; y Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz; aunque, repito, todos estaban, no estaban, porque el auditorio concentró su atención en el debate entre el procurador Alejandro Ordóñez, y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.

Nuestra inclinación a reducir estos temas pierde de vista colocar los argumentos en su justa dimensión. Lo mismo cuando se personalizan porque nos quedamos con anécdotas menores. De fondo el debate del Externado no reflejó dilemas jurídicos, en realidad, los dilemas con el poder no son jurídicos, sino políticos. Santos y Márquez hacen política; del mismo modo que el Procurador y el Fiscal hacen política. La negociación del conflicto es política aunque se adorne con lenguaje jurídico. Así lo concibió en el siglo XVII Hobbes en su Leviatán, los dilemas del poder son dilemas políticos; así lo concibe el pensador constitucional del siglo XX, Carl Schmitt, lo que negocian un amigo y un enemigo es poder político. En La Habana la negociación también es negociación del poder político.

La paz contiene aspectos morales y jurídicos, es cierto, pero su negociación también es política. Las Farc, calificadas por Ordóñez como narcotraficantes, hacen política; del mismo modo que los paramilitares protegidos por Uribe en Santa Fe de Ralito, hacían política. El enemigo político no necesita ser moralmente malo ni estéticamente feo; no hace falta que sea competencia económica, e incluso puede tener ventajas establecer negociaciones con el enemigo. Se equivocan quienes invocan el marco para la paz sólo en términos jurídicos, porque ese no es el núcleo del problema. Si no es un asunto jurídico, lo que necesitamos al evaluar este debate es comprender su naturaleza política.

Todo dilema contiene argumentos extremos, ¿cuáles fueron los extremos en el debate entre el Fiscal y el Procurador? Veamos su descomposición. Argumento del Procurador Ordóñez: (1) las negociaciones en La Habana no son más que una amnistía encubierta. Argumento del Fiscal: (1) las negociaciones ponderan un derecho a la paz por encima de penas máximas a los guerreros. Argumento del Procurador: (2) sólo los crímenes sistemáticos serían sancionados. Argumento del Fiscal: (2) el discurso internacional de los derechos no parte del castigo (justicia retributiva), sino que incorpora elementos de justicia (restaurativa), como la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.

Resumiendo. Los cuernos del dilema corresponden a dos extremos en las negociaciones. Aplicación maximalista de penas ejemplares a los principales cabecillas de las Farc (Procurador). Aplicación de penas relativas con expresiones mínimas (Fiscal). Y como el problema del poder que negocian en La Habana es político, el Procurador defiende prerrogativas del Estado de Derecho; como el problema es jurídico, el Fiscal defiende la democracia y el derecho a la paz. En ambos casos, los extremos se amparan en movimientos radicales de opinión pública. Un país de principios y tradición conservadora (Procurador); un país de pensamiento liberal, sobre todo con la Constitución de 1991.

El Procurador encarna aquello que en términos weberianos representa la tipología ortodoxa, conservadora, católica, anticomunista y republicana. Regresiva y reaccionaria contra los valores de la modernidad. La postura de Montealegre refleja menos racionalidad instrumental que moral; es decir, sentimientos liberales abiertos y democráticos. Más condiciones de posibilidad política que realismo jurídico. Ambas tipologías tuvieron respaldo en el auditorio del Externado; aplausos cerrados para el Procurador cuando calificaba el Marco Jurídico para la Paz como “simulacro”. Aplausos para el Fiscal cuando comparaba el Procurador con los sofistas de la Grecia Clásica.

El debate del Externado expone un escenario complejo en las negociaciones. Porque si éste traduce sus dilemas políticos, los mismos demuestran que Colombia se mueve hacia una peligrosa polarización que, en nuestro caso, no significa polarización de ideas, argumentos o confrontación pública. Antes bien, los peligros son el recrudecimiento de la violencia pública. Los dilemas políticos en una democracia se negocian mediante la fuerza de los mejores argumentos, pero en un medio satanizado, las armas y las balas. En el Externado la naturaleza civilizatoria del diálogo dio lugar al abrazo entre Fiscal y Procurador; pero fuera de las universidades, el expresidente Uribe y sus seguidores cargan leña para convertir las posibilidades de paz en un infierno.

Las relaciones de amigo y enemigo deben tomarse en sentido concreto y existencial, como dice Carl Schmitt, no como metáforas o símbolos, tampoco se les debe confundir o debilitar en nombre de ideas económicas, morales o de cualquier tipo; pero, sobre todo, no se les debe reducir a una instancia psicológica privada e individualista, tomándolos como expresión de sentimientos o tendencias privadas. No se trata de dilemas jurídicos o normativos, ni de una distinción puramente espiritual. La dimensión del conflicto expresa una violencia pública que surge hace cincuenta o sesenta años; se trata de una dimensión política que no podemos excluir, a riesgo de fracasar en su verdadero análisis y comprensión.

Por: Fernando Estrada

Publicado el domingo 12 de mayo de 2013 en Palmiguía.com