Ruleta Americana

El más reciente debate legislativo en Estados Unidos sobre el control federal a la venta de armas de asalto parece demostrar que la libertad individual sigue estando en ese país por encima de la voluntad de las autoridades federales para proteger a sus ciudadanos.

El 14 de diciembre del año pasado, un joven de 20 años entró armado con dos pistolas y un rifle semiautomáticos a una escuela pública de Newton, Connecticut, y asesinó a sangre fría a 26 personas, 20 de ellas niños. Esta matanza, que se suma a la larga lista de masacres de este tipo y a los asesinatos de cuatro presidentes en ejercicio, llevó a una parte de la opinión pública estadounidense a que reclamara, una vez más, un mayor control a la venta de las llamadas armas de asalto.

El presidente Obama, él mismo partidario del control de armas, aprovechó este ambiente para presentar al Congreso un proyecto en el que proponía restablecer la prohibición de las llamadas armas de asalto, limitar la capacidad de los proveedores a diez proyectiles, hacer obligatorio el control de antecedentes de los compradores en cualquier venta de armas, prohibir la venta y posesión de proyectiles que puedan atravesar blindaje, y endurecer las penas a quienes vendan armas sin tener autorización para ello.

A pesar de que una parte mayoritaria de la opinión pública estadounidense parece apoyar estas medidas, e incluso estaría en favor de imponer unas más drásticas, el paso del proyecto por el Senado parece estar corriendo la misma suerte de otras iniciativas que ha habido en el mismo sentido sobre este tema: hundirse en medio de las acaloradas discusiones de los congresistas demócratas y republicanos, y de las poderosas y abundantemente financiadas organizaciones defensoras de la tenencia de armas, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) que fue creada en 1871 y representa los intereses no sólo de los dueños de armas, sino de las gigantes multinacionales que las producen y las venden.

De hecho, la propuesta específica de ampliar la comprobación de antecedentes penales y psiquiátricos de los posibles compradores de armas ya fue rechazada por un grupo de senadores, compuesto mayoritariamente por republicanos pero del que también hicieron parte varios demócratas.

En defensa de la libertad individual

La posesión de armas ha estado ligada a la consolidación y el desarrollo de los Estados Unidos y, en ese sentido, se convierte en un tema que radicaliza las posiciones políticas y no permite llegar a un acuerdo sobre si es responsabilidad federal decretar medidas que eviten situaciones como la de Newton, principalmente por las siguientes razones:

En primer lugar, las milicias ciudadanas jugaron un papel fundamental en la independencia del pueblo americano de los déspotas ingleses. Así pues, tomar las armas para responder a posibles ataques provenientes del exterior, fue visto como una medida necesaria y patriótica.

En segundo lugar, la ratificación de la segunda enmienda a la Constitución efectuada en 1791, estableció que “no se violará el derecho a poseer y portar armas de fuego”. Por lo tanto, la reforma avaló la tenencia de armas como instrumento de protección frente a fuerzas externas o internas, que intentan alterar los principios democráticos estadounidenses.

En tercer lugar, la guerra de secesión (1861-1865) demostró, entre otras cuestiones, la incipiente consolidación de una actividad económica que favorecía la industrialización y modernización del país, la creación de puestos de trabajo y, principalmente, la fundación de un mercado con vocación exportadora del cual hoy, Estados Unidos, es el país que más se aprovecha. Tal vez este último factor, ha permitido la consolidación de grupos económicos y de presión bien organizados y altamente influyentes en los círculos políticos de Washington D.C.

¡A las armas, ciudadanos!

La libertad individual, el temor institucionalizado y una actividad comercial boyante, han permitido a los estadounidenses no sólo la posesión de armas ligeras, sino cada vez más, la tenencia de armas de alta sofisticación, similares a las que tienen los militares, tal como el rifle AR-15, utilizado por el ejército en Vietnam y Afganistán, pero también por el joven Adam Lanza, autor del trágico suceso de Newton, Connecticut.

De acuerdo con una encuesta hecha por Gallup en 2012, un 43% de los estadounidenses tienen armas de fuego. El Small Arms Survey, un proyecto independiente de investigación con sede en Suiza, estimó en 2011 que había unos 270 millones de estas armas en posesión de civiles; por su parte, en un informe preparado en 2012 por el servicio de investigaciones del Congreso, el Congressional Research Service, el número de armas que en 2010 estaban disponibles para la venta o en posesión del público era de 310 millones. Estas cifras ubican de lejos a Estados Unidos como el país con el mayor número de armas en posesión de civiles por cada 100 residentes: entre 89 y 96, mientras que en Yemen, el segundo, hay 55.

El problema, por supuesto, no consiste en que los ciudadanos tengan o no armas sino en qué hacen con ellas. El estudio global de homicidios elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muestra que en 2008 el número de homicidios por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos fue de 5.3. Si se compara con la tasa de otros países tales como Alemania, Francia y Reino Unido, 0.9, 1.4 y 1.9, respectivamente, sitúa al primero como uno de los más violentos de los países industrializados.

Temor, temor y más temor

Pero, ¿a qué pueden temerle los ciudadanos del país más poderoso del mundo? En la historia de Estados Unidos se ha creado una larga e ininterrumpida lista de causas: los indígenas americanos, la inevitable e inminente tiranía de los imperios (no sólo el británico, también el francés, el español e incluso el ruso), su propio Estado, los afroamericanos, los soviéticos, los terroristas musulmanes… y, más recientemente, la barbarie que supuestamente sucedería a una situación apocalíptica inminente.

Por el momento, el panorama para establecer un control más preciso por las autoridades federales resulta ser una quimera. Tal vez a la espera de una nueva tragedia, el lobby que la NRA ha ejercido sobre los congresistas parece ganar una batalla más de la guerra en la que, paradójicamente, las víctimas siguen inermes jurídicamente para limitar una larga “tradición” que ha cobrado en los últimos años más víctimas que cualquier atentado terrorista perpetrado en suelo estadounidense.

Publicado el martes 30 de abril en El Espectador

 

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